El último informe de cosecha del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), correspondiente a la semana 15 (al 15 de marzo de 2026), ha dejado al descubierto una realidad preocupante para la industria: una marcada disminución en el ingreso de uva y un vacío informativo sobre la elaboración que genera sospechas de falta de transparencia e implicaría la posibilidad de fraude.

Caída en los números y silencio en la elaboración
Los datos fríos son contundentes. En comparación con la misma fecha de 2025, San Juan registra un 11 % menos de uva ingresada, mientras que en Mendoza la caída es aún más drástica, alcanzando un 22 %. Hasta la fecha, Mendoza ha procesado 6.585.797 quintales frente a los 8.458.572 del año anterior, y San Juan suma 2.500.959 quintales contra los 2.839.564 de la temporada pasada.

Sin embargo, lo que más inquieta a los actores del sector no es solo la menor cantidad de fruta, sino la ausencia total de datos sobre vino y mosto descubado, que figuran en "0" – no figura- en los reportes. Esta falta de información impide la toma de decisiones estratégicas y abre interrogantes sobre si se está declarando la uva elaborada en tiempo y forma.

El CIU en la mira: ¿Desregulación o descontrol?
El foco de la tormenta se centra en el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un documento vital para la trazabilidad. Aunque el gobierno de corte libertario propuso su eliminación como parte de una política de desregulación, la justicia federal de Mendoza dictó una medida cautelar que restablece su obligatoriedad por cinco meses mientras se resuelve el conflicto de fondo.

A pesar de esta vigencia legal, existe la sospecha de que los certificados no se están presentando a tiempo. "Se está prestando para un montón de cosas", advierten voces críticas del productivo e industrial, sugiriendo que, sin datos ciertos, se podría estar postergando la declaración para el invierno. Este escenario de "anarquía informativa" permitiría a los elaboradores cerrar números "al gusto del paladar", lo que en la práctica se traduciría en la posibilidad de manipular los caldos con distintos varietales y con ello manejar el grado alcohólico de acuerdo a las necesidades del momento antes de pasar los partes oficiales.

Consecuencias: Fiscalización de "mala calidad" y perjuicio al pequeño productor
La mirada crítica sobre este sistema plantea que la falta de información "democrática" favorece la especulación y deja a los productores y pequeñas bodegas en una situación de total vulnerabilidad. Bajo la premisa de que "el mercado se regula solo", la fiscalización se vuelve inexistente. Si el control de origen es deficiente, la fiscalización en góndola que promete el gobierno será de mala calidad, ya que el producto original ya podría haber sido adulterado en bodega sin que los registros lo detecten.

El sector se pregunta: ¿Qué clase de control se puede ejercer sobre el producto final si durante la cosecha se permite este oscurantismo? Mientras los gobiernos provinciales "miran para todos lados", el riesgo de presentaciones apócrifas y de una vitivinicultura sin reglas claras amenaza con degradar la calidad y la transparencia de una de las industrias más emblemáticas del país. Lo que sin dudas, genera la incertidumbre de si el INV está haciendo los controles de los CIU en bodega, tal como lo indica la resolución del juez federal de Mendoza.