La resolución fue dictada el 11 de abril de 2025, en el marco de la causa que se solicitaba que un padre cumpliera con los Deberes de Asistencia Familiar y el mismo hubiera apelado la medida. La Cámara se fundamentó en la existencia de elementos probatorios objetivos y concordantes que permiten presumir, con la probabilidad exigida en la etapa de instrucción, la existencia del hecho y la participación del imputado.

Según consta en el expediente, el imputado había acordado en mayo de 2017 el pago de una cuota alimentaria del 20 % de su sueldo, monto que fue luego reducido al 13 % en favor de otra hija del imputado. Sin embargo, se verificó el incumplimiento total del pago desde enero de 2020 hasta la fecha de la denuncia penal, en junio de 2021.

La defensa cuestionó la imputación y sostuvo que el imputado sí cumplió con sus obligaciones, tanto en lo económico como en lo afectivo. Argumentaron que no existía prueba suficiente, que la denuncia carecía de veracidad, y que el procesamiento afectaba gravemente su vida laboral y familiar.

No obstante, el Tribunal consideró que las constancias obrantes en el expediente —como los reportes bancarios, actas acuerdo, constancias de deuda y declaraciones testimoniales— contradicen lo sostenido por la defensa. Asimismo, aclaró que el estado intelectual requerido para el procesamiento no implica certeza, sino una probabilidad fundada de comisión del delito, es decir reunir las pruebas necesarias que establece la ley para que, en este caso, sea exigido penalmente el cumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar, tal y como habían sido acordados.

En un fragmento destacado de la resolución, la jueza Cabral sostuvo que:

“El progenitor, conociendo la exigencia que le impone la ley, subestima deliberadamente el resultado de su conducta, provocando en su hija una situación de carencia”. Y agregó que:“La prestación alimentaria no se limita a una obligación dineraria aislada, sino que comprende —conforme al artículo 659 del Código Civil y Comercial y a la Ley 26.994— los conceptos de manutención, educación, esparcimiento, asistencia médica, gastos por enfermedad y aquellos destinados a la formación profesional del niño, niña o adolescente”.

Finalmente, el Tribunal impuso las costas del proceso a la parte apelante y reguló los honorarios profesionales de los defensores, a cargo de su asistido.

El caso constituye un precedente relevante al reafirmar que el incumplimiento sostenido de los deberes de asistencia familiar puede dar lugar a consecuencias penales, y que la responsabilidad parental implica una obligación activa e integral, no solo económica, sino también moral y legal, hacia los hijos.