El juicio federal por una presunta red de trata con fines de explotación sexual en San Juan ingresa en una instancia definitoria. Este jueves, el Ministerio Público Fiscal expondrá sus alegatos y podría pedir penas de entre 8 y 12 años de prisión para el abogado Gustavo De la Fuente, uno de los principales imputados.

La acusación está a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz, junto con María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Ambos sostienen que De la Fuente y el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo Medina habrían conformado una estructura destinada a captar mujeres en situación de vulnerabilidad económica para explotarlas sexualmente, tanto en plataformas de contenido para adultos como mediante presuntos circuitos de prostitución presencial.

De acuerdo con la investigación, la organización habría operado entre marzo de 2022 y julio de 2024. En ese período, los acusadores identificaron al menos a 37 mujeres que habrían sido víctimas del esquema investigado. La causa indica que los imputados promocionaban en redes sociales una supuesta agencia de modelaje webcam llamada "Belle Argentina", con actividad en la Capital sanjuanina.

Según la Fiscalía, a través de anuncios laborales ofrecían ingresos en dólares y condiciones atractivas para captar interesadas. Una vez incorporadas, las mujeres habrían sido sometidas a extensas jornadas de transmisiones de contenido sexual explícito en plataformas internacionales como Stripchat, Camsoda, Cam4 y Chaturbate. También se les habría retenido la mitad de las ganancias, aplicado sanciones económicas arbitrarias y exigido trabajar incluso en condiciones de salud desfavorables.

Los investigadores consideran que De la Fuente cumplía un rol central dentro de la organización. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran escuchas telefónicas e informes patrimoniales que, según la acusación, lo ubican como uno de los propietarios del emprendimiento junto a Quevedo Medina, con reparto equitativo de beneficios. Además, se le atribuye haber aprovechado su posición para establecer vínculos personales con algunas de las mujeres captadas.

La Fiscalía sostiene que habría ofrecido dinero a cambio de relaciones sexuales y propuesto la incorporación de algunas víctimas a una supuesta red de prostitución VIP vinculada a inmuebles bajo su control. La definición final quedará en manos del tribunal presidido por el juez Daniel Doffo.