El texto se publicó temprano este martes bajo el número 70/25, con una fuerte carga simbólica para la administración libertaria, dado que es el mismo con el que, en el primer tramo de su gestión, anunció una serie de medidas clave como la derogación de la Ley de Alquileres. Pese a que se trata de una normativa de amplio impacto, su modificación más trascendental es la eliminación de la Secretaría de Vivienda como entidad.

Su cierre afecta a programas vinculados a la construcción de viviendas, como el Casa Propia y el FONAVI, que habían sobrevivido a la disolución del PROCREAR, otro programa vinculado a la construcción de viviendas. Ahora la Secretaría de Obras Públicas absorberá parte de las funciones de lo que fue Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

La mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución, ya que habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados.

A partir de la disolución de la Secretaría, también se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional.

Mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno había definido la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público PROCREAR. En este caso, la auditoría de SIGEN había detectado fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.

También se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este instrumento había sido utilizado con finalidades políticas y clientelísticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos. En la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). MDZ