El informe titulado "Radiografía de la pobreza en Argentina: realidad social y solidaridad que es esperanza" expone un panorama desolador de la situación económica y social, en un contexto marcado por el escándalo de la distribución de alimentos y contrataciones irregulares en el Ministerio de Capital Humano.

Según el estudio, la aceleración de la espiral inflacionaria generó un notable incremento en los índices de pobreza e indigencia. 

Entre el tercer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el indicador de pobreza subió del 44,7% al 55,5%, mientras que la indigencia pasó del 9,6% al 17,5%. 

Esto implica que en los primeros meses de 2024, aproximadamente 24,9 millones de personas en áreas urbanas se encontraban en situación de pobreza, de las cuales 7,8 millones vivían en la indigencia.

La inseguridad alimentaria es una de las consecuencias más directas de esta crisis. El 24,7% de las personas en áreas urbanas enfrentan inseguridad alimentaria total, afectando al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. La situación es más grave en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde estos porcentajes son aún mayores. La inseguridad alimentaria severa alcanza al 10,9% de las personas, al 8,8% de los hogares y al 13,9% de los niños, niñas y adolescentes en el país, con cifras que aumentan en el AMBA.

La pobreza también se refleja en la falta de acceso a servicios básicos y en la alta dependencia de las ayudas del Estado. El informe detalla que el 42,6% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentaria. Además, el 50% de los menores asisten a comedores escolares, el 36,7% reciben cajas o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% de comedores no escolares.

En cuanto a la mortalidad infantil, el informe señala que, aunque ha habido mejoras generales en las últimas décadas, persisten importantes disparidades entre provincias, con los niveles más altos de mortalidad infantil correlacionándose con mayores índices de indigencia monetaria.

El déficit educativo es otro aspecto crítico. El 23% de los niños de 3 a 5 años no asisten a establecimientos educativos formales, el 9,1% de los niños y adolescentes de 6 a 12 años asisten con sobreedad a la escuela primaria, y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no han terminado la secundaria. Estos datos reflejan el impacto negativo de la pobreza en la educación, a pesar del apoyo del sistema de gestión pública y privada.

El mercado laboral no escapa a esta realidad. El 32,5% de los trabajadores ocupados residen en hogares en situación de pobreza. Además, el 30,9% trabaja en la economía social, y al considerar la población económicamente activa, el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable.

La inseguridad también se manifiesta en el aumento de la venta y tráfico de drogas. En 2023, el 31,3% de los referentes de hogares reportaron la venta de drogas cerca de sus viviendas, con un incremento significativo en asentamientos de emergencia y complejos de viviendas sociales.

La presentación del informe se realizó en el Centro Comunitario San Pedro Claver de Cáritas Quilmes, en el Barrio La Carolina de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela, Buenos Aires. Participaron Mons. Carlos Tissera, Obispo de Quilmes y Presidente de Cáritas Argentina; Eduardo Donza, investigador y coordinador de Desarrollo de Datos del ODSA-UCA; Sofía Zadara, directora ejecutiva de Cáritas Argentina; y Karen Burgos, trabajadora social de la Red de Centros Comunitarios de Itatí, Solano y Quilmes.

El nuevo dato de pobreza llega en un contexto crítico para el Gobierno, ya golpeado por el escándalo de los alimentos almacenados y las contrataciones irregulares en el Ministerio de Capital Humano. Este escándalo provocó la renuncia de Pablo de la Torre, ex titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, quien atribuyó su salida a "kirchneristas infiltrados en el Gobierno". La ministra Sandra Pettovello, pese a los rumores de su renuncia, sigue en su cargo con el respaldo del presidente Javier Milei, quien calificó los ataques contra ella como "miserables" y atribuyó las críticas a intereses oscuros que buscan impedir la ayuda directa a los necesitados.

El juez federal Sebastián Casanello intervino en el caso, ordenando la indagatoria de un dirigente social y solicitando un informe sobre los alimentos almacenados y un plan de distribución en un plazo de 72 horas. Además, el Gobierno denunció penalmente a De la Torre, mientras Pettovello presentó una solicitud formal ante la Oficina Anticorrupción para que se investiguen las acciones de su exsecretario, descubriendo desmanejos en contratos y almacenamiento de alimentos.