La decisión judicial se enmarca en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada en el año 2022, vinculada a la presunta ocupación ilegítima de un inmueble rural denominado, ubicado en el departamento Ángel Vicente Peñaloza.

Los hechos investigados

De acuerdo a lo reconstruido en la investigación, el hecho habría ocurrido a fines de 2020, cuando el imputado habría ingresado sin autorización al predio y realizado actos materiales tendientes a modificar los límites del inmueble, entre ellos la instalación de alambrados y la apertura de nuevas picadas dentro del campo.

Estas acciones habrían afectado una superficie significativa del terreno, generando una alteración en los límites históricamente reconocidos por los poseedores, quienes, según consta en la causa, ejercían una posesión pública, pacífica y continua desde años anteriores.

Prueba y elementos clave

La resolución se sustenta en un conjunto de pruebas documentales, testimoniales y periciales. Entre ellas, se destacan informes técnicos que concluyen la existencia de una superposición de mensuras de aproximadamente 888 hectáreas, entre el terreno en disputa y los títulos previos de los denunciantes.

Asimismo, las pericias determinaron que las intervenciones realizadas en el campo, como alambrados y apertura de caminos, implicaron una modificación concreta de los límites del inmueble, sin autorización de los poseedores.

Los testimonios incorporados al expediente coinciden en señalar que la familia denunciante mantuvo históricamente la posesión del predio, desarrollando actividades productivas y residiendo en el lugar.

El Juzgado consideró que la conducta investigada encuadra, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, en el delito de usurpación en su modalidad de alteración de límites, que sanciona a quien modifica los términos o linderos de un inmueble con el fin de apropiarse de parte del mismo.

En este sentido, se valoró que no resulta necesario el despojo total del terreno, sino que basta la realización de actos idóneos para alterar la delimitación existente.

Si bien se dictó el procesamiento, el imputado continuará el proceso en libertad, al tratarse de un delito excarcelable y no advertirse riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Además, se dispuso el embargo de bienes por la suma de 1.500.000 pesos, a fin de garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso.