En el marco del proceso penal, el imputado hizo uso de su derecho constitucional a no declarar en una primera instancia. Posteriormente, las partes intervinientes, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Niños, Niñas y Adolescentes y la defensa técnica, decidieron arribar a un acuerdo integral que será ponderado por la jueza.

En dicho entendimiento, el acusado reconoció su responsabilidad penal respecto de los hechos atribuidos, los cuales además guardan relación con otras dos causas que se encontraban en trámite en su contra.

Como resultado del acuerdo, las partes solicitaron a la jueza la imposición de una pena de 3 años y 10 meses de prisión, bajo la modalidad de régimen de semilibertad. Este esquema prevé que el condenado pueda permanecer en libertad durante el día para garantizar el cuidado de sus hijos, debiendo reintegrarse al establecimiento penitenciario en horario nocturno.

Asimismo, se estableció la obligación de abonar una suma mensual de 300.000 pesos en concepto de asistencia económica para sus hijos, compromiso que comenzará a regir a partir del 5 de abril de 2026.

Durante la audiencia, la denunciante fue oída por la magistrada y las partes, manifestando su disconformidad con el monto fijado, al considerarlo insuficiente frente a los gastos que actualmente afronta de manera exclusiva.

El hecho que dio origen a la causa se vincula a una relación de pareja que el imputado mantuvo durante 5 años con la denunciante, de la cual nacieron tres hijos. Tras la finalización del vínculo en 2019, se acordó una cuota alimentaria y el cuidado personal de los niños, obligación que, según la acusación, no fue cumplida por el imputado.