La decisión judicial se adoptó tras analizar el requerimiento fiscal y las actuaciones producidas durante la etapa de instrucción, las cuales permitieron reunir elementos suficientes para tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta instancia procesal, la materialidad de los hechos y la presunta responsabilidad del imputado.

De acuerdo con lo establecido en la resolución, los hechos investigados habrían ocurrido en un domicilio de esta ciudad capital, en el contexto de una relación de pareja. La causa se inició de oficio a partir de la intervención policial y judicial, activándose los protocolos correspondientes para casos de violencia de género.

Durante la instrucción se incorporó diversa prueba, entre la que se destacan actuaciones policiales, informes médicos legales, pericias psicológicas, pericia informática forense, registros fotográficos, declaraciones testimoniales y la declaración de la víctima, todo lo cual fue valorado conforme a las reglas de la sana crítica racional y bajo el principio de amplitud probatoria previsto en la Ley Nacional N.º 26.485.

En su resolución, la magistrada destacó la necesidad de analizar este tipo de causas con perspectiva de género, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, subrayando que estos hechos suelen desarrollarse en ámbitos de intimidad y requieren una valoración integral del conjunto probatorio.

En consecuencia, se dispuso el procesamiento y la prisión preventiva del imputado, confirmándose la libertad provisoria otorgada oportunamente, además de ordenarse el embargo de bienes hasta cubrir la suma de 1.500.000 de pesos, a fin de garantizar eventuales penas pecuniarias y costas del proceso.

La causa continuará su trámite conforme a las previsiones del Código Procesal Penal, quedando sujeta a las instancias posteriores que determine el proceso judicial.