De acuerdo con la investigación, los hechos tuvieron lugar el 3 de julio de 2023, cuando el imputado solicitó hablar en privado con la víctima en un aula de la escuela. Durante la conversación, el docente le exigió que se retractara de declaraciones realizadas en un proceso administrativo en su contra, profiriendo expresiones amenazantes que generaron temor en la denunciante, quien inmediatamente dio aviso a las autoridades.

La víctima ratificó su denuncia en sede judicial, y los informes interdisciplinarios producidos por el C.A.T.I.U. y la Secretaría de la Mujer y Diversidad confirmaron indicadores de violencia psicológica y afectación a su integridad emocional. Asimismo, el informe pericial psicológico concluyó que la denunciante presenta signos compatibles con estrés postraumático leve derivado del hecho.

La resolución judicial valoró el testimonio de la víctima y la prueba reunida, destacando que el accionar del imputado vulneró su libertad de autodeterminación y se configuró dentro de un contexto de violencia de género, conforme lo establecido por la Ley N° 26.485 y la Convención de Belém do Pará.

La magistrada dispuso mantener al procesado en libertad durante el proceso, trabar embargo sobre sus bienes por la suma de $200.000 y regular los honorarios de la defensa.