La causa se originó a partir de la denuncia presentada el 30 de enero de 2025 por una ciudadana, quien relató haber sido víctima de agresiones físicas, amenazas y un intento de incendio en su domicilio, en presencia de sus hijos menores. El informe médico constató lesiones compatibles con su declaración, mientras que los informes interdisciplinarios dieron cuenta de un contexto de violencia de género crónica, con antecedentes de incumplimiento de medidas cautelares previas por parte del imputado.

La resolución judicial valoró especialmente el testimonio de la denunciante, corroborado con pericias médicas, psicológicas y socioambientales, que confirmaron la situación de alto riesgo en que se encontraba. Asimismo, se destacó que el imputado registra antecedentes penales vinculados a hechos de violencia, lo que agrava el cuadro procesal.

En consecuencia, la magistrada ordenó la prisión preventiva del imputado en el Servicio Penitenciario Provincial y dispuso un embargo sobre sus bienes por la suma de $100.000 para responder a eventuales costas y sanciones pecuniarias.

La decisión reafirma el compromiso institucional en la aplicación de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de los tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a garantizar una vida libre de violencia para todas las personas.