En el primero de los casos, una de las denunciantes relató que en febrero de este año contrató los servicios de la denunciada para celebrar el cumpleaños de 15 de su hija, pautado para el 24 de mayo en un salón de la zona oeste. Según la presentación judicial, la imputada ofreció un servicio completo por un monto total de $3.750.000, el cual fue abonado en cuotas que sumaron pagos en efectivo y transferencias, alcanzando la totalidad del contrato. Sin embargo, al llegar la fecha del evento, la familia se encontró con que el salón no estaba reservado y no se realizó ningún servicio. La damnificada declaró que incluso intentó comunicarse con los proveedores mencionados por la denunciada, quienes negaron haber sido contratados o haber recibido pagos.

En un expediente distinto, dos padres denunciaron hechos de características similares. En junio de 2024 comenzaron a contratar a la denunciada para la fiesta de su hija, acordando una fecha para el 21 de junio de 2025. Desde entonces, realizaron numerosos pagos —tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias— por un total que ronda los $3.450.000. Posteriormente, tomaron conocimiento por redes sociales de que González no tenía vínculo con el salón inicialmente anunciado, y que acumulaba otras denuncias públicas por incumplimientos similares. Ante la falta de respuestas por parte de la imputada, decidieron radicar la denuncia correspondiente.

Ambos expedientes fueron impulsados por el Ministerio Público Fiscal, y el juzgado ordenó la instrucción formal para esclarecer los hechos, identificar responsables y establecer la magnitud del perjuicio económico. Asimismo, se libraron oficios a distintas dependencias para recabar antecedentes penales y procesales de la imputada.

La denunciada, domiciliada en un barrio de la zona sur oeste de la capital riojana, fue citada a prestar declaración indagatoria el próximo martes 5 de agosto, en audiencias fijadas para las 9:00 y las 9:30, en el marco de cada una de las causas abiertas.

El caso reviste especial gravedad por el impacto económico sufrido por las víctimas, la modalidad reiterada y la posible existencia de más damnificados, lo que podría dar lugar a una unificación de causas y ampliación de la investigación.