El debate, que se extendió durante cuatro jornadas de más de diez horas cada una, concluyó el 1 de julio de 2025 pasadas las 21 horas. Durante el proceso, se incorporó una importante cantidad de pruebas testimoniales, documentales, periciales, fotográficas y médicas. En la última audiencia, se receptó un nuevo testimonio, se reprodujo una Cámara Gesell de un menor y se incorporó un libro de registros aportado por una ciudadana de Desiderio Tello, considerado de utilidad para la investigación.

Durante la etapa de alegatos, el Dr. Alejandro Hoyos, abogado querellante por una de las hijas de la víctima, solicitó la condena del imputado con base en un análisis probatorio exhaustivo y referencias jurisprudenciales. En tanto, el Dr. Masa, representante de otra querella, además de requerir la condena de Franco Hipólito César, pidió que se investigue a un familiar directo como posible autor intelectual del crimen, así como la participación de terceros como coautores del hecho.

Por su parte, el fiscal de Cámara, Dr. Julián de la Colina, desarrolló un alegato extenso y pormenorizado sobre los elementos de prueba recabados durante la investigación, concluyendo que el imputado fue el autor material del asesinato. Solicitó al tribunal la imposición de la pena de prisión perpetua y requirió la certificación de varios testimonios para impulsar una nueva línea investigativa respecto de otras personas que habrían intervenido en el crimen.

El hecho investigado ocurrió en la localidad de Desiderio Tello y fue calificado como homicidio criminis causae (homicidio en el que se mata a una persona para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito), con el agravante de alevosía. La víctima fue hallada sin vida en su domicilio, atada con lazos de cuero, asfixiada con una sábana y en estado de desnudez, presentando signos de violencia. Según la acusación, el objetivo del crimen fue sustraerle una importante suma de dinero.

En su defensa, el Dr. Oscar Bobadilla, defensor oficial del imputado, solicitó la absolución argumentando la inexistencia de pruebas directas que vinculen a su defendido con la escena del crimen. Planteó la orfandad probatoria del caso y cuestionó los indicios considerados por el Ministerio Público Fiscal, negando su validez como elementos incriminantes. El imputado, por su parte, afirmó su inocencia y sostuvo que su antecedente penal por delitos menores motivó su inclusión en la causa.