Los equipos técnicos de la Casa Rosada trabajan en una reducción de las zonas protegidas de la instalación de industrias, de la exploración minera e hidrocarburífera, de la liberación de productos químicos o residuos y de la construcción de infraestructura que no esté relacionada con la investigación científica. La legislación actual contempla multas de cien a cien mil sueldos básicos de la Administración Pública junto a la suspensión y el cese definitivo de la actividad de los infractores.

Es por eso que en Balcarce 50 quieren restringir la protección de las áreas cercanas a los glaciares a las que únicamente sean de roca o de escombros activos. La medida busca que se exija la obligación de que tengan una superficie de mínima de una hectárea, junto con una duración de al menos dos años, que cumplan una función hídrica relevante y que estén incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.

El oficialismo mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos y asegura que continuará exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Apunta también a darle mayores atribuciones a las provincias sobre los espacios donde se puedan establecer industrias.

El Ministerio de Economía -que preside Luis Caputo- es el encargado de trabajar la medida, que contó con la intervención de la secretaria de Energía, María Tettamanti, del titular de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y de los equipos técnicos de la Casa Rosada que coordina la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. En Balcarce 50 estudian también nuevas medidas para promover las inversiones.

Es parte de lo que el Gobierno buscó impulsar a través de un proyecto de ley a comienzos de la gestión. Nación incluyó los cambios a la Ley de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” en las primeras versiones de la Ley Bases -que fue sancionada en ambas cámaras en junio del 2024- y luego los quitó del documento final por no tener los apoyos legislativos para impulsarlos.

Las modificaciones formaron parte del mismo capítulo que promovía la habilitación de nuevas áreas sujetas a la explotación de bosques, junto con una reestructuración del esquema de financiamiento del Fondo de Bosques, que el Ejecutivo ya eliminó. Buscaba también establecer un marco en el que los productores puedan realizar cortafuegos.

Las iniciativas provocaron una advertencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Argentina el 5 de febrero de 2024, previo a que el oficialismo retirara la ley de la Cámara de Diputados por no contar con los votos. Fue remitida a la excanciller Diana Mondino y contó con la firma de cinco relatores sobre derechos humanos del organismo. Estos calificaron al proyecto de “regresivo” y expresaron que podría afectar “las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales”. TN