La situación salió a la luz cuando el responsable del comercio al que pertenecía el teléfono detectó el aberrante contenido mientras realizaba el protocolo de revisión habitual al recuperar el dispositivo, luego de que el acusado dejara de pertenecer a la firma. El 10 de abril, el titular de la empresa radicó la denuncia correspondiente y activó la intervención judicial inmediata.

A partir de ese momento, la Fiscalía solicitó la intervención de la División de Delitos Informáticos de la Policía de Santiago del Estero, cuyos peritos realizaron un exhaustivo análisis del celular y lograron recuperar centenares de fotografías de pornografía infantil. La evidencia fue clave para avanzar con la imputación.

Con el material incriminatorio en mano, la jueza de Control y Garantías, Ana María González Ruiz, ordenó un allanamiento en el domicilio del imputado, donde se requisaron otros elementos tecnológicos para su peritaje. Asimismo, autorizó la detención del acusado y dictó prisión preventiva a fin de resguardar el avance de la investigación, ante el riesgo de destrucción de pruebas o fuga.

Fuentes judiciales confirmaron que el imputado fue trasladado esposado desde el Centro Judicial de Añatuya hacia una comisaría donde permanecerá alojado mientras continúan las diligencias del caso. La acusación, por el momento, se enmarca en la tenencia de material pornográfico infantil, un delito severamente penado por la legislación vigente.

El hallazgo de semejante volumen de material ilícito ha generado preocupación y repudio social. El Ministerio Público Fiscal sostiene que las pruebas son contundentes y que la intervención oportuna del empleador fue fundamental para desarticular una conducta delictiva que podría tener implicancias mayores.

El nombre del acusado no fue revelado oficialmente debido al estado incipiente del proceso y a la protección de la investigación. Sin embargo, las autoridades confirmaron que el imputado no tiene antecedentes penales y que se desempeñaba en funciones administrativas dentro del comercio.

El caso representa un nuevo llamado de atención sobre el uso indebido de herramientas laborales y la importancia de los protocolos de ciberseguridad en el entorno corporativo. Desde la fiscalía no descartan que el material haya sido compartido o recibido a través de redes digitales, por lo que no se descarta que se extienda la causa a posibles cómplices o vínculos con redes más amplias de distribución de contenido ilegal.

La causa, que se tramita en el fuero penal de Añatuya, continúa su curso con la expectativa de que en los próximos días se amplíen las indagatorias y se realicen nuevas pericias sobre otros dispositivos que podrían contener más evidencia.