La audiencia fue presidida por la jueza Sara López Douglas y contó con la intervención del fiscal Rafael López por parte del Ministerio Público Fiscal. Durante la jornada, declararon dos testigos por videoconferencia desde la provincia de Buenos Aires y se incorporó prueba documental al expediente.

El primer testigo, ex empleado de la empresa textil en la sede de Buenos Aires, manifestó haber trabajado como auditor interno desde 2010 hasta 2020. Afirmó conocer al imputado por desempeñarse ambos en la misma firma. Relató que, durante una auditoría en la planta de La Rioja, detectaron irregularidades en el pago a proveedores. Según su testimonio, se reclamaban doce facturas impagas, de las cuales cuatro no figuraban como abonadas. Concluyó que el imputado registraba los pagos de una manera, pero los ejecutaba de otra, generando inconsistencias.

El segundo testigo, también empleado de la fábrica textil, detalló que fue él quien envió a los auditores a La Rioja ante reclamos de proveedores por pagos impagos. Explicó que, aunque en el sistema las facturas aparecían como saldadas, constataron que no habían sido efectivamente pagadas. Precisó que los cheques fueron facturados desde Buenos Aires hacia La Rioja y confirmaron que faltaban cuatro facturas por abonar.

Tras cerrar la etapa testimonial, se dio lugar a la incorporación de prueba documental y posteriormente se iniciaron los alegatos.

El abogado querellante tomó la palabra en primer lugar y sostuvo que la documentación presentada y las declaraciones incorporadas acreditan la acusación formulada. Rechazó la defensa del imputado basada en que habría actuado bajo órdenes superiores, argumentando que tal versión fue desmentida por los propios protagonistas.

Por su parte, el fiscal Rafael López realizó un alegato extenso en el que repasó minuciosamente las audiencias y la prueba reunida. Solicitó que se declare a Claudio E. H. autor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta, y pidió una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, conforme a los artículos 40 y 41 del Código Penal.

A su turno, el abogado defensor expuso una detallada argumentación en la que señaló supuestas contradicciones en los testimonios y pidió la absolución de su defendido. Afirmó que no existen pruebas suficientes para responsabilizarlo penalmente ni para imponerle la pena requerida por el Ministerio Público.

Finalmente, el imputado hizo uso de la palabra. Entre lágrimas, manifestó que actuó siguiendo órdenes de sus superiores y que lo hizo por necesidad laboral y familiar. Dijo vivir en una casa de madera y negó tener la fortuna que se le atribuye. Apeló a la jueza solicitando que considere la versión de su defensa, y se dirigió con respeto tanto al fiscal como al querellante, insistiendo en su inocencia.

El hecho que se investiga en esta causa ocurrió entre noviembre de 2017 y julio de 2018, cuando el imputado tenía a su cargo el pago a proveedores en la planta riojana textil y habría efectuado pagos de facturas con valores no correspondientes, haciendo desaparecer la documentación respaldatoria.