El caso inicia en el año 2017, en el mes de noviembre, cuando un ciudadano de nombre, en carácter de apoderado de un Medio de Comunicación, había firmado un importante contrato de compraventa en acciones de varias empresas relacionadas con las telecomunicaciones en la provincia. Estas negociaciones habían sido representadas por el imputado, que tenía todas las facultades necesarias para llevar a cabo las negociaciones. La parte denunciante asumió la administración de las empresas en marzo del año 2018 donde había adquirido un 40% del paquete accionario mientras había negociado la compra del 50% adicional, el cual se pagaría en cuotas mensuales. Sin embargo, tras asumir el control, comenzó a detectar irregularidades. La estructura financiera que había conocido en el momento de la firma del contrato no coincidía con la realidad.

Ante lo relatado, se inicia una investigación donde surge que la parte vendedora aparentemente había ocultado información financiera desde un primer momento ya que se verifico una elevada deuda de AFIP, otra deuda con el Gremio que nuclea a los empleados del cable entre otros actos administrativos.

En efecto, se trata en dividir lo que caracteriza a un negocio jurídico criminalizado a un negocio jurídico civil; lícito e incumplido por una de las partes del proceso Judicial.

Por todo esto, El Magistrado resolvió dictar el auto procesamiento y prisión preventiva en contra del imputado, por el delito de estafa y ordenar en el mismo acto, el embargo a sus bienes hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos.