En lo que va del año, se dictaron 410 medidas de restricción a partir de denuncias realizadas por mujeres por violencia de género. La cifra arroja un promedio de más de cuatro medidas de restricción por día, en un dato que demuestra el arduo trabajo de los tribunales en la materia.

Al dato lo aportó la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Jésica Diaz Marano luego del femicidio de Laura Vega Martínez, ocurrido este lunes en la ciudad Capital.

«Desde Fiscalía, en lo que va del año se dictaron 410 medidas de protección a favor de una mujer y en contra de un hombre», informó la magistrada en Riojavirtual Radio.

Luego, Díaz Marano ahondó en el caso del femicidio de Vega Martínez e informó que a principios de octubre de 2022 la víctima había denunciado a su femicida -su ex pareja y padre de sus hijos, Eduardo Colchad- en la Policía.

«Hay una denuncia en la Comisaría Cuarta con fecha del 6 de octubre quien fue a la comisaría aduciendo que había descubierto una relación sentimental paralela de este femicida. Y -previo a una discusión en la que él la insulta- ella le pide que se retire de la casa. Como él se niega ella va a la Comisaría y obtiene una resolución. Aún cuando la conducta de Colchad no encuadraba en esa oportunidad en un delito, el contexto indica que sí hay violencia de género y por eso para neutralizar cualquier potencial peligro se otorga la resolución a su favor de la exclusión del hogar de Colchad», comentó.

La jueza añadió que durante esos 120 días que duró la medida de restricción, Colchad debió cumplir con tres condiciones. «Él debía cumplir, por un plazo de 120 días, con tres condiciones y que eran no acercarse, no comunicarse y cesar con todo acto que pudiera perturbarla. Esos 120 días terminaron en febrero de este año y durante ese lapso no se receptó ninguna otra denuncia o manifestación que pueda implicar alguna otra conducta del femicida», amplió.

La magistrada precisó que antes de que venzan los 120 días, la denunciante «puede pedir la extensión de la medida o denunciar una conducta del agresor lo que implica el delito de desobediencia». «Cuando no hay un delito como en este caso, el Juzgado se declara incompetente, es decir, no tiene facultad para seguir adelante porque no hay un delito por el cual seguir. Entonces lo que se hace es requerirle a la Secretaría de la Mujer que intervenga con esta víctima y son ellos los que se encargan de llamarla y hacer un seguimiento de su situación familiar conflictiva», completó.