Agustín Salvia, director del Odsa-UCA, dijo que con el shock de precios, producto de la devaluación y de la consecuente caída de los ingresos reales en diciembre y enero, se produjo un fuerte aumento de la pobreza, la cual habría llegado a un pico de 58% en febrero.

“A partir de dicho mes deviene una caída de la inflación y empieza a haber mejoras en las remuneraciones, incluso actualizaciones en los haberes jubilatorios y en los programas sociales. Esto hizo que la pobreza se estabilice en torno al 54% y 55% en el primer trimestre. En abril y mayo cayó levemente, pero de manera muy heterogénea”, sostuvo.

“En realidad el mayor problema ahora tiene que ver con la indigencia, porque la duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el plan de los 1.000 días es una compensación al aumento de la inflación y en un contexto de caída del nivel de actividad y de mucha recesión los sectores informales, los cuentapropistas, autónomos y pequeñas empresas familiares o microemprendedores locales ven reducido su nivel de trabajo y la cantidad de horas trabajadas, lo cual baja su remuneración. En este sentido, la indigencia habría llegado al 18% de la población en los primeros tres meses del año”, precisó Salvia.

“Entonces, se estabiliza el nivel de pobreza, incluso esta tiende a bajar a partir de que los sectores formales van recuperando sus ingresos, pero la situación se agrava en los sectores informales más pobres, en donde la asistencia social ya no alcanza y la reducción del nivel de trabajo produce un desgaste en los ingresos corrientes que hace que esos hogares que ya estaban bajo la línea de pobreza caigan en situación de indigencia”, agregó.

Sin embargo, aclaró que si con la recesión se produce un shock de desempleo por el cierre de establecimientos de pequeñas y medianas empresas, se agravarían tanto la pobreza como la indigencia.

En tanto, el Observatorio del Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) calculó que la tasa de pobreza se sitúa levemente por encima, en torno al 56% de la población.

“Este índice está relacionado con la disminución del poder adquisitivo de la población y, en menor medida, con el aumento de la tasa de desempleo. Aunque se han perdido puestos de trabajo, para el primer trimestre de 2024, este impacto no es tan significativo como el deterioro de los ingresos. Es probable que este efecto se manifieste en el futuro. Parece que el gobierno también comparte una estimación similar, ya que Milei mencionó en la última cadena nacional que la pobreza podría alcanzar el 60% en este trimestre. Si el número final resulta ser menor, lo celebrarán como un logro de su gestión”, contó Fernando Molina, economista e investigador de la UNGS.

En cuanto a la indigencia, para el primer trimestre el Observatorio estimó que se encuentra en torno al 22%. “La principal herramienta para frenar este incremento en los niveles de indigencia es el conjunto de programas asistenciales del Ministerio de Capital Humano. Estos programas incluyen transferencias directas de ingresos y acceso a servicios básicos. Si bien el gobierno ha mantenido el valor de algunas asignaciones, para paliar los efectos de la crisis, ha optado por cerrar varios programas que tenían un impacto importante dentro de los sectores”, explicó el especialista.

Por su parte, el Nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella estimó para el semestre noviembre-abril que el 48,9% de la población vive en hogares urbanos pobres, es decir, 29,4 millones de personas. Se trata de un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto del dato octubre-marzo y de 7,2 puntos en comparación con el dato semestral que informó el Indec en diciembre pasado.

En este sentido, cabe recordar que en el segundo semestre de 2023, la pobreza llegó al 41,7% de la población (19,4 millones de personas) y la tasa de indigencia al 11,9 por ciento, es decir unas 5,5 millones de personas.