Desde el Poder Legislativo, quien retomó el trabajo para lograr la sanción de una ley que contenga la problemática de los envases y su impacto en el medio ambiente es el diputado Carlos D´Alessandro, de La Libertad Avanza. Como presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, el legislador retomó la iniciativa que estaba trabajando la ex diputada radical Dolores Martínez, quien finalizó su mandato en diciembre.

Pero en paralelo, afirmaron fuentes que siguen de cerca la discusión, la subsecretaria de Ambiente, Ana Vidal María de Lamas, quien depende de la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente, también tiene intenciones de avanzar con un proyecto; mientras que, por otro lado, trabaja en el tema Juan José Galeano, director de Industria Sostenible del Ministerio de Economía.

¿Por qué el oficialismo retomó esta agenda, que había quedado trunca en la gestión pasada? Por un lado, nadie duda de que el país necesita de una ley de envases por varios motivos vinculados con el cuidado del medio ambiente y la gestión de residuos. En el país, se generan grandes cantidades de residuos de envases, pero solo una fracción es reciclada, lo que genera problemas en los sistemas de gestión de residuos y contamina el medio ambiente. Una ley de envases ayudaría a reducir la cantidad de residuos, mejorar las tasas de reciclaje y fomentar la economía circular, promoviendo que los fabricantes asuman la responsabilidad de gestionar los desechos que generan sus productos.

Pero por otro lado, la gestión de Javier Milei, apenas arrancó, dejó bien en claro sus intenciones de que la Argentina ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y para cumplir con los estándares ambientales internacionales que aborda la organización, el país deberá actualizar y mejorar su marco normativo referido a la política ambiental, lo que lo ayudará a ir hacia un modelo más sostenible.

Atentos a todas estas movidas, los empresarios del sector de bebidas sin alcohol nucleados en la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (Cadibsa), miembro de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), de la UIA, comenzaron a activar las negociaciones para tratar de influir en el contenido de una posible ley de envases. Y esta avanzada de las empresas del sector, especialmente las embotelladoras de Coca-Cola -que lideran las gestiones de la entidad-, generaron, a su vez, un rechazo no sólo de las empresas recicladoras, sino también de las cooperativas de recicladores y los cartoneros, que desempeñan un rol clave en el sistema de reciclaje informal.

Ellos recolectan, separan y venden materiales reciclables, incluidos los envases de plástico, cartón y vidrio. Muchas cooperativas trabajan en colaboración con gobiernos locales, pero una gran parte de los cartoneros trabaja de manera autónoma en condiciones laborales informales.

“El lobby del mercado de envases (@uia.oficial y @cocacolaar) impulsa una ley de envases con un artículo extremadamente comprometedor para el segmento que más residuos genera: el PET, las famosas botellas de plástico que vemos en todos lados. El 30 de noviembre quieren darle media sanción a este modelo y vean en las fotos como es en otros países”, publicó días atrás, en su cuenta de Instagram, el cooperativista Matías Fornero Vardé.

Se refería al proyecto que están impulsando desde Cadibsa, que es bastante similar al original de la ex diputada Martínez y que propone que sea el sector privado el que se haga cargo de la recuperación de sus propios envases que envía al mercado. “Este no es un proyecto donde hay que pagar una tasa, sino que busca que las empresas se hagan cargo de los envases, que sean responsable por ello”, dijeron en una de las empresas del sector de bebidas.

Concretamente, el proyecto de ley que retomó D´Alessandro habla, en el artículo 5°, de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Este principio, aclara la norma, constituye la obligación de cada uno de los productores -responsables- de responsabilizarse objetivamente por la gestión ambiental y su financiamiento, respecto a los envases puestos por ellos en el mercado nacional y los envases post consumo. En el cumplimiento de dicha obligación se tendrá en cuenta el ciclo de vida del envase y el principio de jerarquía de opciones, agrega el artículo.

Pero lo que generó polémica y preocupa seriamente a todo el sistema que hoy vive del reciclado -y que duda sobre las consecuencias de este proyecto- es que la industria de bebidas haya presionado al diputado libertario para que saque un artículo que contiene la iniciativa y que establece un porcentaje mínimo de utilización de resina reciclada en las botellas, como tienen muchos países de la región.

Se trata del artículo 15°, que dice expresamente: “Los procesos de producción de envases de material PET en la República Argentina deberán incorporar, siempre que estén disponibles en cantidades suficientes en el mercado y la tecnología disponible permite, como mínimo, un 10% de dicho material reciclado, en los envases introducidos en el mercado nacional, a partir del cuarto año de publicación de dicha ley. Luego, la autoridad de aplicación deberá establecer gradualmente cada cuatro (4) años los porcentajes mínimos de PET reciclado a utilizar en la fabricación de envases de material PET, para lo cual deberá previamente realizar un estudio de las previsiones de materiales reciclables disponibles en el mercado, la disponibilidad de la tecnología necesaria, y la viabilidad económica financiera”.

Entre las empresas recicladoras (Ecopek y Reciclar son las más importantes) insisten en que si no se incluye una obligación para incorporar un porcentaje de resina reciclada, no está claro que lo vayan a hacer, más allá de que las grandes firmas dicen tenerlo ya incorporado en sus botellas. Y aseguran que existen normas de estas características en la mayoría de los países de la región. De hecho, el cooperativista Fornero Vardé lo mencionó en su cuenta de IG.

En Bolivia, por decreto, se estableció que las botellas deben tener el 30% de resina reciclada para 2025; en Chile fue una Ley y fijó porcentaje que van desde el 15% el año próximo hasta 70% en 2060; en Colombia sucedió algo similar: a través de la Ley 2232, el porcentaje de PET reciclado deberá ser del 20% en 2025, 25% en 2030, 40% en 2035 y 60% en 2040.

A su vez, en Ecuador, en una ley que fue sancionada en noviembre de 2022 también se fijaron parámetros a cumplir por las embotelladoras. Tenían que cumplir con el 5% en nueve meses, 15% a los dos años y 25% en tres años. Paraguay también tiene un esquema, por ley, de ir subiendo los porcentajes hasta 2030; en Perú se estipuló el 15% en 2021; y en Uruguay, el 30% en 2023 y el 50% en 2025.

“Lo que proponen es que una vez que se reglamente esta ley, las empresas no están obligadas a utilizar resina de pet reciclado por 10 años. No están obligadas a comprarle a ninguna cooperativa, empresa o vendedor de plástico PET recuperado. ¿Y saben que genera eso? Entre tantas, una es que el valor de ese material se desploma y los que recuperamos percibamos menos remuneración por el trabajo. Además, las embotelladoras, al no estar obligadas, pueden importar material virgen de otros países sin tener que comprar el material que se recupera en Argentina”, dijo Fornero Vardé.

El temor de las cooperativas es que si las empresas recicladoras no compran luego el material que los consumidores desechan, ellas no venden y al no haber mercado, el material se pierde. “Se fabrican 4.000.000 de kilos de botellas al año. Se recupera el 28%. Necesitamos metas más cercanas y valorizar es incluir resina reciclada en los envases. Hoy los envases en promedio sólo tienen un 3% de resina reciclada. El año pasado era el 12% y con esta ley serían de cero”, agregó.

Fuentes empresarias precisaron que se estima que en 2024 se reciclarán 15.000 toneladas, por lo que si se reduce fuertemente la venta de este material, se complica severamente el negocio. “Si saliera el proyecto de ley como pretende la UIA, perjudicaría fuertemente a las pymes que reciclan y a todo el ecosistema de recicladores del PET, que tiene posibilidades de invertir en el sector para incrementar las capacidades.